El presunto desvío de recursos públicos de Segalmex primero fue notado por la Auditoría Superior de la Federación, cuando en su Cuenta Pública de 2019 observó que había irregularidades por 3 mil 296 millones de pesos, y se confirmó posteriormente cuando la Fiscalía General de la República anunció en 2022 y 2023 que había abierto investigaciones contra funcionarios públicos y representantes de la iniciativa privada por su presunta responsabilidad en el desfalco.
Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que fue creado para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles” es —a cuatro años de su puesta en marcha— señalado por un desfalco de al menos 9 mil millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar, que implicarían a al menos 22 personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contras esas 22 personas —entre ellos funcionarios— a inicios de este mes, a quienes se acusa del pago irregular de 145 millones de pesos por casi ocho mil toneladas de azúcar, de las cuales sólo se entregaron tres mil 110 toneladas. El fraude también se reportó en la adquisición de 73.4 millones de pesos en carne a través de cinco convenios, según reportó El País.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que no habrá impunidad en el caso que implica a esta institución cuya fundación él firmó, puesto que se iría “a fondo” en la investigación para castigar a los responsables.
“No hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado 13 de marzo. “Y qué decían antes los corruptos: ‘caiga quien caiga’, ‘no me temblará la mano’, ‘la Ley es la Ley’. Pura simulación, pura demagogia”.
La sospecha de fraude en Segalmex data desde al menos el 2022, cuando el Presidente hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la FGR en la materia. “Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa.
Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo, la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre los cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.
Para ese entonces, era la sexta judicialización de cuatro carpetas de investigación abiertas por desfalcos de Segalmex, mientras que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunció que todavía habían más carpetas a judicializarse en los próximos meses.
LIGAN A CÚPULA DE SEGALMEX
Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.
En un comunicado emitido a mediados de ese mes, las autoridades federales indicaron que el exfuncionario habría autorizado —entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020— la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos públicos asignados a Segalmex.
Siete meses después, en noviembre, la FGR emitió un segundo comunicado informando que Gavira Segreste había sido vinculado a proceso una segunda vez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque “probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”.
Por otro lado, El País publicó apenas el 20 de marzo del año en curso que Segalmex firmó cinco convenios para un total de 73.4 millones de pesos, con los cuales habría de recibir carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte. Este caso igualmente habría implicado a Gavira Segreste durante su administración en la dependencia.
La investigación de la reportera Georgina Zerega expuso que “sólo se entregaron 60.3 millones de pesos en productos, unos 3.19 millones de dólares, y omitieron despachar el resto. Los entonces responsables del organismo nunca reclamaron la mercancía faltante”.
Los proveedores señalados en el informe al que tuvo acceso el rotativo español, y que serían los beneficiarios de estos convenios, fueron: Wurst Alimentos, Novam Innovación en Alimentos, Synexo, Empacadora La Merced, y Carlos Ovidio Villareal González.
La auditoría también detectó “salidas de efectivo no identificadas por Segalmex” por un monto de 104.38 mdp, y falta de documentación comprobatoria de la prestación de servicios en apoyo de actividades institucionales.
Finalmente, en el 2021 la misma institución federal advirtió que Segalmex había ejercido 884 millones 207 mil 085.43 de pesos durante dicho año fiscal con irregularidades, por pagos realizados sin contar con la documentación que acreditara el cumplimiento de especificaciones técnicas de servicios como “de Arrendamiento de Equipo de Laboratorio, Pesaje y Bandas Transportadoras”; “de almacenaje, guarda y custodia”; “de almacenaje de fertilizante”
El 18 de agosto del año pasado, el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, indicó en la conferencia matutina del Presidente López Obrador que la dependencia a su cargo había interpuesto 38 denuncias ante la FGR por probables delitos cometidos en contra del patrimonio de Segalmex, Liconsa y Diconsa, mientras que dentro de la SFP había abiertos 618 expedientes para la investigación de presunta responsabilidad administrativas.
A raíz de las denuncias y observaciones de las diversas dependencias gubernamentales, se renovó el cargo directivo de Segalmex: Leonel Cota Montaño sustituyó a Ignacio Ovalle Fernández; y se buscaron implementar medidas para mayor control interno y rendimiento de cuentas; según anunció el Gobierno federal.
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