Es un final humillante para el breve tiempo que el ahora expresidente de Perú Pedro Castillo estuvo en el cargo.
Ahora, Dina Boluarte es desde este miércoles la primera mujer presidenta de Perú, culminando un día dramático en el que su predecesor fue arrestado por el presunto delito de rebelión y destituido por el Congreso, el mismo que había anunciado cerrar horas antes e instalar un gobierno de emergencia, antes de una inminente votación de juicio político por parte de los legisladores, que la Defensoría del Pueblo de Perú describió como un “intento de golpe de Estado”.
Boluarte, la exvicepresidenta del país, asumió el cargo más alto para convertirse en la sexta presidenta de Perú en menos de cinco años.
También llamó a elecciones parlamentarias para trabajar en una nueva Constitución.
La medida de Castillo provocó una serie de renuncias del gabinete, reacciones feroces de los altos funcionarios y la condena de los vecinos regionales, y finalmente no logró evitar su juicio político en el Congreso.
Las fuerzas armadas peruanas rechazaron el intento de Castillo de marginar a los legisladores, calificándolo de “violación de la constitución”.
Y la propia Boluarte criticó el plan de disolución de Castillo, calificándolo en Twitter como “un golpe que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
El tumultuoso camino de la vida política de Pedro Castillo
El exmaestro y líder sindical salió a la luz pública para ser elegido en julio de 2021 por un estrecho margen en una segunda vuelta, y fue visto como parte de una “marea rosa” de nuevos líderes de izquierda en América Latina.
Se postuló en una plataforma que prometía reescribir la constitución y aumentar la redistribución de la riqueza otorgando a los estados un mayor control sobre los mercados y los recursos naturales, promesas que ha luchado por cumplir en medio de la creciente inflación en Perú, su falta de experiencia política y una fuerte oposición conservadora en Congreso.
El gobierno del líder izquierdista había estado sumido en el caos desde su toma de posesión, con docenas de ministros nombrados, reemplazados, despedidos o que renunciaron a sus cargos en poco más de un año, lo que aumentó la presión sobre él.
Castillo arremetió contra la oposición por intentar destituirlo desde el primer día que estuvo en el cargo. Acusó a la fiscal general, Patricia Benavides, de orquestar lo que llamó una nueva forma de “golpe de Estado” en su contra a través de las investigaciones de su oficina.
En octubre, Benavides presentó una demanda constitucional contra Castillo con base en tres de las seis investigaciones que había abierto su oficina. La denuncia permite al Congreso realizar su propia investigación contra el expresidente.
Una cascada de investigaciones
Castillo se ha enfrentado a una gran cantidad de investigaciones sobre si usó su cargo en beneficio propio, de su familia y de sus aliados más cercanos mediante el tráfico de influencias para obtener favores o trato preferencial, entre otras denuncias.
Castillo ha negado repetidamente todas las acusaciones y reiteró su voluntad de cooperar con cualquier investigación. Argumenta que las acusaciones son el resultado de una cacería de brujas contra él y su familia por parte de grupos que no aceptaron su victoria electoral.
El expresidente se enfrenta a cinco investigaciones penales preliminares por acusaciones de autor intelectual de esquemas de corrupción mientras estuvo en el cargo. Estos incluyen la acusación de los fiscales de que lideró una “red criminal” que interfirió con instituciones públicas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y la empresa petrolera estatal de Perú para controlar los procesos de licitación pública y beneficiar a empresas específicas y aliados cercanos.
Los fiscales también están investigando si el expresidente encabezó esfuerzos de tráfico de influencias en el proceso de promoción de oficiales tanto en las fuerzas armadas como en la policía nacional.
Estas investigaciones también investigan a la familia de Castillo, incluidas su esposa y su cuñada. La exprimera dama Lilia Paredes está investigada bajo sospecha de presunta coordinación de la red criminal. Su abogado, Benji Espinoza, ha subrayado su inocencia y argumenta que la investigación contra la exprimera dama incluye “una serie de fallas y omisiones”.
La cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, es investigada por presunta pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y colusión agravada. Estuvo bajo custodia hasta que un juez revocó su “prisión preventiva” por 30 meses. Ella también ha negado haber cometido cualquier delito.
“Mi hija, mi esposa, toda mi familia han sido agredidas con el único fin de destruirme porque no quieren que termine mi mandato, les prometo que terminaré mi mandato, no soy corrupto”, dijo Castillo durante un discurso televisado desde el Palacio Presidencial el 20 de octubre.
En el mismo discurso, Castillo admitió que algunos de sus aliados más cercanos deberían enfrentar la justicia por acusaciones de corrupción, diciendo: “Si traicionaron mi confianza, que la justicia se encargue de ellos”.
La imagen de la presidenta Boluarte también se ha visto empañada por su propia investigación constitucional por parte del Congreso, que fue desestimada el 5 de diciembre.
Es posible que su ascendencia no necesariamente alivie el panorama político tóxico y amargado de Perú, ya que necesitaría obtener el apoyo de todos los partidos para poder gobernar.
Mientras tanto, muchos peruanos han estado pidiendo un reinicio total. En septiembre de 2022, el 60% de los peruanos dijo que apoyaba elecciones anticipadas para refrescar tanto la presidencia como el Congreso, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).